El PSOE de Cantoria exige la expulsión del número dos del PP local por participar en una trama que expoliaba el agua a los vecinos

El PSOE de Cantoria ha exigido públicamente la expulsión de Domingo Serrano Pallarés, número dos del PP local, así como explicaciones urgentes a su presidente provincial, Javier Aureliano García Molina, por la implicación del cantoriano en una trama de suministro irregular de agua, en la que también estarían involucrados sus padres. Según denuncian los socialistas, Serrano y su familia habrían estado conectados fraudulentamente a la red general de agua desde hace décadas, mediante una conexión no autorizada que desviaba agua desde un depósito municipal hacia otro de su propiedad. Desde este último, se abastecía una urbanización de 17 viviendas ilegales promovidas por los propios progenitores del dirigente popular.

Serrano reside actualmente en una de las casas ilegales situadas en lo alto de las colinas de Almanzora. Algunas han sido vendidas, otras alquiladas, pero toda la promoción habría estado recibiendo agua a través de una red paralela, completamente oculta y al margen del sistema oficial de contadores del servicio público de aguas. El suministro se realizaba desde un depósito privado de la familia Serrano, que era rellenado mediante una tubería de unos 400 metros de longitud conectada directamente a un depósito municipal desde el que se distribuye el agua a la localidad.

La trama quedó al descubierto a raíz de unas obras de mejora impulsadas por el Ayuntamiento de Cantoria, consistentes en la sustitución de antiguas tuberías de microcemento por otras de PVC y, de forma paralela, en la eliminación del depósito municipal de Almanzora, considerado insalubre, obsoleto e innecesario tras la reforma del sistema de potabilización. Fue entonces cuando, al interrumpirse el suministro vía depósito, las 17 viviendas ilegales quedaron sin agua, desvelando así la existencia de la conexión clandestina.

«Ninguna de esas viviendas ha abonado jamás una cuota de agua al Ayuntamiento de Cantoria», aseguran desde el PSOE. «Y ninguna administración, gobierne quien gobierne, puede permitir que un particular cree una red propia para vender, suministrar o dotar de agua a 17 viviendas construidas ilegalmente. Nadie puede distribuir a terceros desde un depósito sin control sanitario alguno poniendo en peligro la salud de personas que creían que recibían agua de la red municipal».

Serrano, abogado de profesión, ha llegado a afirmar que el Ayuntamiento le coaccionó al cortar el suministro de agua por motivos políticos, al ostentar el cargo de secretario local del PP. Sin embargo, las viviendas ilegales dejaron de recibir agua al vaciarse el depósito municipal que, con las obras de mejora no acumular caudal de la red, y con ello el enganche ilegal resultó inútil. Esa derivación conducía el agua hasta una estación de bombeo privada ubicada en la Parcela nº 92 del Polígono 7, propiedad del padre del dirigente popular. Desde allí, se impulsaba hasta otro depósito privado situado en la Parcela nº 91 del mismo polígono, cuyo titular registral es la madre de Serrano. Desde este segundo depósito se distribuía el suministro a las 17 viviendas ilegales, ninguna de las cuales cuenta con contrato o contador municipal para recibir agua potable. Además, desde la estación de bombeo salía otra derivación que abastecía directamente a la vivienda familiar.

«Han utilizado a sus concejales en el Ayuntamiento de Cantoria para generar una cortina de humo mediante denuncias falsas. Todo con el objetivo de ocultar, entre otras cosas, que no han pagado ni un solo recibo de agua desde 2006, año en que se construyeron ilegalmente las viviendas», denuncian desde el PSOE local. «Han tenido la desfachatez de denunciar a concejales del actual equipo de gobierno y a funcionarios municipales, con la única intención de desviar la atención de las tropelías cometidas durante el mandato de Pedro María Llamas como alcalde, bajo cuya gestión se construyeron casi mil viviendas ilegales. Han intentado bloquear el funcionamiento del Ayuntamiento mediante la judicialización de la vida municipal, pero el efecto boomerang ya ha comenzado».

Los socialistas de Cantoria advierten que este caso es solo «una de las gotas que han colmado no ya el vaso de la paciencia, sino incluso las piscinas ilegales que también serán llevadas ante la justicia si los ayuntamientos que las han permitido no actúan». Además, denuncian la existencia de otros fraudes vinculados a construcciones ilegales, trabajos no declarados y actividades paralelas. «Ya sea con Blablacar o con Blablatractor, la fiesta se les ha acabado», concluyen.

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