La defensa del exalcalde de Albox sostiene lo legal de los contratos para «conservar» la rambla

Así lo señala en su escrito de defensa aportado ante el juicio que acoge desde ayer, lunes, la Audiencia Provincial de Almería contra el exprimer edil, el que fuera concejal de Obras Públicas, José Simeón Campoy, y el exinterventor municipal, a razón de las obras efectuadas en el espacio que forma parte del dominio público hidráulico.

Torrecillas, que se enfrenta a siete años de prisión por delitos de prevaricación, malversación y contra la ordenación del territorio, declarará en la última sesión del juicio prevista para el próximo miércoles a petición de su defensa, desde la que se sostiene que la doble obra fue realizada con sujeción a la normativa vigente en el momento.

En esta línea, la representación letrada del edil ejercida por el abogado Santiago Torres Prieto asegura que ambas actuaciones contaron con una «partida presupuestaria preexistente» y «con plena intervención y regularidad en la tramitación del expediente de contrato menor de obra y en la intervención del gasto público».

Frente a ello, la Fiscalía sostiene que los entonces alcalde y concejal se pusieron de común acuerdo para pavimentar la rambla sin contar con autorización de la Junta de Andalucía, pese a ser zona de dominio público hidráulico, así como sin un expediente administrativo previo, para lo que habría empleado personal municipal y se habría contratado, en dos ocasiones, un suministro de hormigón.

Así, incide en que la primera actuación supuso el pago de una factura de 8.712 euros mientras que la segunda, de 25.000 euros, se habría revestido a posteriori como contrato de obra al superar el importe máximo permitido en ese momento para los contratos menores de suministro, toda vez que tanto esta como la anterior actuación se hicieron en espacios que no eran de ámbito municipal.

El exconcejal de Obras Públicas, que ha contestado únicamente a las preguntas de su abogado, Francisco Torres, ha asegurado que los contratos fueron propuestos por Torrecillas en un periodo en el que únicamente ellos dos formaban parte del gobierno local, de forma que él se limitaba a firmar «automáticamente» con su teléfono móvil lo que le entregaban, aunque sin «entender» qué es lo que hacía. El acusado ha apuntado así que él supo que la obra para pavimentar la rambla carecía de licencia de la Junta cuando le preguntaron al alcalde en un pleno, donde «dijo que no la había pedido porque no se la iban a dar». «Después del pleno me dijo que no me preocupara, que había documentación para aportar porque era legal», ha añadido.

El exedil, quien ha apuntado que cortó relaciones con Torrecillas en 2021, ha apuntado que como vecino de Albox es conocedor de que la rambla ha sido objeto de obras anteriores en décadas pasadas, sentido en el que ha defendido que el hormigonado se vertió sobre zonas que ya habían sido asfaltadas previamente en esos antiguos trabajos. De otro lado, el exinterventor municipal ha explicado que su labor se limitó a verificar la existencia de una partida adecuada para realizar las obras propuestas conforme a contratos menores, que no exigen de fiscalización previa, toda vez que ha señalado que desconocía el contenido de la obra a desarrollar en sí al no ser parte de sus competencias, según ha asegurado.

Con ello, ha asegurado que desde intervención no hubo «ánimo de ocultar» ninguna actuación municipal a la hora de entregar las facturas que reclamó la Policía Judicial en relación a las obras en el marco de la investigación, cuando únicamente se aportó, en un primer momento, la que tenía un valor de 8.712 euros pero no la segunda, por valor de 25.000 euros.