'El mapa finito (II)'
La distancia que separa a las ideas de las ocurrencias se puede tornar un camino angosto, peligroso y frecuentado por personajes inquietantes que intentarán cobrarnos peaje cada vez que se acerquen a nosotros. La diferencia entre quien piensa en el bien común frente a quien únicamente piensa en acotar su poder y restringir la autonomía de los demás está en el modelo de sociedad al que aspiran a volver, casi cuarenta años después. No se trata de un adelgazamiento administrativo, como quieren justificarlo, sino de "ajuste de cuentas" de otro tipo.
Ideal.es
Martes, 10 de mayo 2016, 06:38
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Todo seguirá prácticamente igual, salvo que la restricción de competencias de las administraciones locales de menos de cinco mil habitantes se verán intervenidas desde las infraestructuras provinciales, las mismas por las que se abocó por una reforma íntegra y funcional, y que ahora el nuevo color político del que se han tintado en su mayoría las convierte en brazo ejecutorio para dirigir y centralizar los recursos de los pequeños municipios rurales, quienes después de haber alcanzado la madurez gestora se encuentran abocados a ser ninguneados y menoscabados por la autoridad de la capital.
El pasado día 13 de julio de 2012 fue aprobado por el Consejo de Gobierno central el anteproyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local que incluye, entre otras medidas, la supresión de las 3.725 entidades locales menores existentes en el Estado, en un aparente guiño de austeridad hacia Europa, la misma que exhibe entre sus principales cometidos el desarrollo rural, desde las perspectivas sociales, culturales, económicas y ambientales.
De las 3.725 administraciones locales menores que existen, 3.000 presentan superávit. El déficit del resto se debe a que no reciben las cuantías por los impuestos que se recaudan en su área de influencia o a la interrupción de la financiación de proyectos ya iniciados, con una encomiable dedicación y de generación de riqueza en los territorios adheridos a concejos y mancomunidades.
Se corre el riesgo del despoblamiento rural, del abandono de instalaciones e infraestructuras, de la desaparición de actividades económicas tradicionales y de la prestación de algunos servicios, lo que nos presentaría como ciudadanos de segunda categoría, discriminados por la falta de igualdad a pesar de ser contribuyentes. La gestión de nuestros impuestos directos por las corporaciones locales genera una serie de efectos que conllevan a una cadena de consecuencias colaterales, en las que el dinero circula a favor del municipio. Generan riqueza. La eliminación de estas entidades históricas, que han pretendido promover la participación ciudadana e incrementar la calidad de vida de sus vecinos, es directamente proporcional a la disminución de nuestro peso específico futuro, lo que allana el camino de la mayoría dominante ubicada en las ciudades y municipios grandes, haciendo prácticamente imposible la contraprestación de oportunidades, ante un horizonte que se adivina de servilismo y limosna.
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El Decreto de 17 de mayo de 1952 que refiriéndose a los órganos en vez de a las personas jurídico públicas, dispuso que «la Administración Local española está constituida por los Ayuntamientos, Juntas Vecinales y Concejos abiertos, las Diputaciones provinciales y Cabildos insulares y los órganos representativos de las Mancomunidades voluntarias municipales y de las Agrupaciones municipales forzosas».
«Las Entidades Locales sirven con objetividad los intereses públicos que les están encomendados y actúan de acuerdo con los principios de eficacia, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Ley y al derecho».
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Normalmente, cuando se reforma una ley es para su progreso y adaptación a la realidad social del país. En este caso, obviamente se ha optado por un recorte de
libertad, oportunidades y desprecio por el mundo rural, tan necesitado de atenciones constructivas, descentralizadoras y emprendedoras.
Ahora, en el Almanzora se pretende cambiar la legitimidad de las instituciones locales, en pueblos avalados por su rica historia, costumbres y patrimonio, por granjas de pollos, de carne barata e ideal para la dieta austera a la que nos están condenando quienes gobiernan. La propuesta, a parte de pintoresca, se antoja utópica, ya que resulta complicado que se implante en la comarca el modelo planteado por una gran variedad de condicionantes, entre los que destacan los de la financiación y mercado. Ojalá algún emprendedor salga adelante con esta o cualquier otra actividad, pero de ahí a que esto se desarrolle comarcalmente va un largo trecho. Precisamente el que separa a las ocurrencias de las ideas.
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Francisco Javier Fernández Espinosa
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