Procesan a la alcaldesa de Cantoria por regular casas ilegales con orden de demolición

En un auto, consultado por Europa Press, la instructora Adriana Álvarez dispone que se sigan los trámites para esclarecer un presunto delito de prevaricación administrativa que atribuye, con base en lo investigado, a la primera edil así como al concejal de Urbanismo, Ramón López, a un técnico de Obras Públicas, y al gerente de la promotora inmobiliaria A. G. C., quien además es cuñado del edil de Urbanismo.

Del mismo modo, la jueza también apunta que de las actuaciones practicadas se desprende la supuesta comisión de dos delitos de tráfico de influencias entre el concejal de Urbanismo y su cuñado así como otros tres de estafa por parte del empresario a razón de las tres viviendas que se vendieron tras su regularización por importes de hasta 120.000 euros.

La resolución judicial señala que los investigados intervinieron en distinta medida en la tramitación, elaboración de informes técnicos y aprobación de resoluciones administrativas para que las viviendas regularizadas bajo la figura de «asimilado fuera de ordenación» (AFO) en «abierta contradicción» con la orden dada por el Juzgado de lo Penal número 1 de Almería para que las casas fueran derruidas por estar en suelo no urbanizable, no ser autorizables y haberse hecho sin licencia administrativa.

El origen de los hechos se remonta a 2006 cuando se denunció la construcción de las viviendas por las que, tres años después, el responsable de la empresa fue condenado por un delito contra la ordenación del territorio. La sentencia de apelación, dictada más tarde por la Audiencia de Almería, ratificaba el fallo y señalaba además, a petición de la Fiscalía, que debía demolerse todo lo construido a costa del condenado.

En este sentido, el juez ordenó a A. G. C. la destrucción de las 15 viviendas para restaurar el paraje, de lo que además remitió oficio con testimonio de la sentencia al Ayuntamiento de Cantoria no solo para su pleno conocimiento sino también para que llevara a cabo la destrucción de las casas a costa del demandado.

Frente a esta orden judicial, la instructora señala los indicios existentes en las actuaciones por los que el empresario, con la intención de «obtener un beneficio económico» de las viviendas, habría aprovechado su relación de parentesco con el concejal de Urbanismo para «influir de manera directa» en la tramitación y obtención de los asimilados fuera de ordenación para las construcciones.

Transcurridos más de ocho años sin que se demolieran las viviendas, el empresario inició trámites para pedir el «archivo por caducidad» del expediente urbanístico sancionador que pesaba sobre las construcciones, para lo que habría aportado una declaración jurada de «inexistencia de procedimientos judiciales» aunque «a sabiendas de que todavía no se había ejecutado el auto por el se le imponía el deber de demolición».

Dicha solicitud fue examinada en febrero de 2019 por la alcaldesa y el secretario municipal, quienes mediante una resolución «acordaron la caducidad del expediente sancionador y de restauración de legalidad»; una decisión que se apoyó en el informe redactado por el técnico, que indicaba «que se cumplían todos los requisitos legales para ello». Dicha resolución se certificó en junta de gobierno local en marzo de 2022.

En este punto, la juez instructora asevera que los acusados declararon la caducidad del expediente pese a que «eran conocedores de que existía un procedimiento judicial en curso pendiente de ejecución», es decir, que habrían actuado bajo el conocimiento de que no se había cumplido la orden judicial que mandaba demoler las casas.

Regularización y ventas

Una vez obtenida la certificación por la que se acreditaba la «inexistencia de expediente sancionador», rubricada por la alcaldesa y el secretario municipal, el empresario promovió distintos expedientes para regularizar viviendas de 'Los García' mediante la figura de AFO.

Así, entre marzo de 2019 y marzo de 2023, se llegaron a adoptar hasta siete acuerdos municipales «sin los requisitos legales» para reconocer como AFO siete viviendas unifamiliares con la intervención de la primera edil, el secretario y el técnico municipal. Esto fue posible «gracias a la intermediación» del cuñado del empresario y concejal de Urbanismo.

La juez señala que la situación urbanística de las viviendas se regularizó «en clara contradicción con la condena del Juzgado de lo Penal». Tras esto, las referidas viviendas se inscribieron en el Registro de la Propiedad por parte del empresario quien, «con ánimo de obtener un enriquecimiento ilícito» y «a sabiendas de que no cumplían los requisitos para ser reconocidas como AFO», procedió a la venta de las mismas.

Constan al menos tres contratos de compraventa suscritos entre marzo de 2022 y mayo de 2023 por parte de clientes extranjeros quienes adquirieron las casas «en la creencia de haber comprado una vivienda legal», con precios que oscilaban entre los 110.000 y 120.000 euros, conforme a la documentación remitida por el Registro de la Propiedad.