El PP teme que los 70.000 euros que invertirá Cantoria en abogados se destinen a defender a la alcaldesa

Desde el PP cantoriano recuerdan que la administración no debe defender a un alcalde ni a un concejal que presuntamente pueden ser culpables, sino que los dos deben contratar a un abogado y pagarle de su bolsillo. En el caso de que ser absueltos, entonces sí podrán reclamar los gastos al Ayuntamiento.

Además, la emisión de informes jurídicos tanto en Urbanismo, como en Contratación en un Ayuntamiento, no puede hacerse mediante contrato administrativo. Es ilegal y está reservado a funcionarios públicos.

Por ello, los populares van a velar para que el concurso se resuelva conforme a la ley y el abogado que los defiende a los dos, no sea el beneficiario de este contrato municipal.

Para el PP de Cantoria sería un «gran escándalo» por parte de la alcaldesa y del concejal de Urbanismo, utilizar el dinero de todos los cantorianos, para pagar su defensa ante su imputación por varios delitos, una defensa que podría costar unos 70.000 euros a los que el pueblo no tiene por qué hacer frente.

«Si están imputados lo que tienen que hacer es defenderse y pagar ellos las consecuencias de sus tropelías. Cantoria no tiene culpa de sus desaciertos en la gestión y por ello le exigimos que esos 70.000 euros se destinen a cubrir las necesidades que hay en el municipio y no a defender a dos personas del Ayuntamiento que han actuado pensando únicamente en sus intereses personales», manifiestan.

Los populares recuerdan que fue el pasado mes de julio cuando el Juzgado número 2 de Huércal-Overa admitió a trámite una querella criminal interpuesta por los concejales del PP contra Purificación Sánchez y Ramón López por actuar al margen de la ley.

Según exponen «ambos, junto a un promotor, urdieron presuntamente durante años un plan para poder legalizar 15 viviendas condenadas a demolición por la Audiencia Provincial de Almería».

Además, continúan explicando, el fin de los implicados era vender las viviendas a ciudadanos europeos a pesar de que existe una sentencia judicial firme de demolición, junto con la ejecución de sentencia correspondiente comunicada al Ayuntamiento.