El PP tacha de «nepotismo» que el funcionario jefe de Hacienda sea el marido de la alcaldesa

Desde el PP no comparten una decisión que se ha llevado a cabo «a dedo» -como ocurre con todos los jefes de negociado, que en el caso de Cantoria son dos- «máxime cuando hay personas en el ayuntamiento que seguro que tienen más méritos y capacidad para desarrollar las funciones que se han atribuido a Cerrillo solo por su relación personal con la alcaldesa», han criticado.

Concretamente, explican los populares en un comunicado, Cerrillo ha pasado de cobrar poco más de 25.000 euros anuales en su anterior responsabilidad laboral en el Consistorio durante 2023 a recibir una nómina de más de 60.000, un 37% más, «por hacer actividades como elaboración de expedientes sancionadores, licencias de taxis, venta de nichos y terrenos, altas y bajas en el catastro, padrón de vehículos etc…». Cerrillo ha pasado entre ambos momentos de ser un funcionario raso a Jefe de Negociado de Hacienda y, por lo tanto, el funcionario de más alto rango dentro del organigrama más allá de los habilitados estatales.

Para el PP local es «indiscutible» que Purificación Sánchez considera el Ayuntamiento «como si fuera su cortijo» y por eso «lo usa presuntamente para beneficio propio, o familiar, en lugar de velar por el interés de los cantorianos, tanto de los que la han votado, como de los que no lo han hecho».

El PP le denunció hace un año y el juzgado archivó el caso

La concejal del PP en el Ayuntamiento de Cantoria Carolina Piñero denunció el pasado mes de mayo ante la Guardia Civil a Carrillo por una presunta «agresión verbal» con «amenazas y coacciones» que según relató habría recibido después de ser abordada en la carnicería cuando se disponía a hacer compras.

Según indicó entonces en un comunicado el PP y se recoge la denuncia, Cerrillo comenzó a increpar «de forma violenta con insultos personales» a la edil al entrar al comercio y habría sido golpeada varias veces «en el pecho». Con posterioridad, tras extender «los insultos» a «toda la candidatura» del PP en Cantoría, habría continuado «con la misma actitud, incluso empujándola y atemorizándola», hasta que «tuvo que ser separada por otros clientes de este establecimiento».

Sin embargo, tres meses después el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Huércal-Overa le absolvía al no haberse demostrado la perpetración de un delito. La juez consideró que no había prueba suficiente para condenar al denunciado, al no haberse puesto de manifiesto que el hombre agrediera físicamente a la concejal, sentido en el que una testigo aseguró haber presenciado únicamente una discusión «con un tono de voz alto por ambas partes, sin más».

Además, en cuanto a las amenazas, si bien se observa cierta «actitud intimidatoria» por parte del acusado, para nada llegaba a ser «constitutiva de delito». «La invasión del espacio vital acompañada de un tono de voz alto no es suficiente, que es lo que ha quedado probado en este procedimiento, a juicio de esta juzgadora, para que el derecho penal entre en juego», apunta la juez.