El PP de Serón acusa al Ayuntamiento de «despilfarro» de dos millones en una residencia que permanece cerrada
Los populares califican la gestión del PSOE como un «fracaso absoluto» y exigen al alcalde que deje de culpar a la Junta de Andalucía por un proyecto que cuenta con acreditación oficial desde 2025
Marcos Tárraga
Almería
El Partido Popular de Serón ha alzado la voz este viernes para denunciar lo que considera una gestión «negligente y carente de rigor» por parte ... del equipo de gobierno socialista en el municipio. El foco de la polémica se centra en la Residencia de Adultos y Centro Ocupacional (RACO), una infraestructura clave para la comarca que, tras una inversión pública cercana a los dos millones de euros, continúa con sus puertas cerradas a cal y canto. Para los populares, este edificio no es solo una obra inacabada en términos de servicio, sino el «ejemplo más claro del despilfarro y la improvisación» que ha caracterizado la política municipal del PSOE en los últimos años, dejando a los vecinos sin una prestación asistencial que fue prometida como un motor para la zona.
La formación conservadora recuerda que el proyecto fue impulsado originalmente en el año 2018 bajo el mandato del entonces alcalde Juan Antonio Lorenzo Cazorla. Según el PP, la iniciativa nació viciada desde su origen, ya que se puso en marcha «sin una planificación económica seria ni un análisis riguroso» que determinara si la demanda real de plazas justificaba semejante desembolso. Las críticas se extienden también al actual regidor, Manuel Martínez Domene, a quien acusan de intentar desviar la atención y «engañar a los vecinos» al señalar a la Junta de Andalucía y a su presidente, Juanma Moreno, como responsables del bloqueo, una estrategia que los populares tachan de «desleal e injusta».
En un análisis detallado de los plazos, el PP de Serón subraya que las obras de la residencia acumularon retrasos injustificables. Aunque los trabajos comenzaron en noviembre de 2020 con un plazo de ejecución de quince meses, el edificio no se terminó hasta mediados de 2023, superando en más de un año la fecha prevista de entrega. Esta falta de capacidad técnica y gestión eficaz ha desembocado, según la denuncia, en una situación «inadmisible»: la residencia dispone de acreditación oficial para su funcionamiento desde enero de 2025. Por tanto, legalmente podría estar operativa desde hace más de un año, lo que invalida, a ojos de la oposición, cualquier excusa basada en retrasos burocráticos externos al Ayuntamiento.
Los populares han querido aclarar un punto técnico fundamental para desmontar el discurso oficialista. Según explican, la empresa adjudicataria del servicio no requiere de la firma de un convenio previo con la administración autonómica para iniciar su actividad. El contrato de adjudicación, formalizado en junio de 2024, no condiciona la apertura de las instalaciones a la existencia de plazas concertadas. «Si el alcalde afirma que incluso el personal ya ha sido seleccionado, los ciudadanos tienen derecho a saber por qué se mantiene el cierre y qué intereses hay detrás de este silencio administrativo», han manifestado los representantes del Partido Popular, instando al gobierno local a la transparencia total.
En defensa de la gestión de la Junta de Andalucía en materia de dependencia, el PP ha recordado que el actual Gobierno andaluz ha concertado 7.500 nuevas plazas en toda la comunidad, una cifra que contrasta drásticamente con las apenas 283 que se crearon en las etapas de mando socialista. Concretamente en la provincia de Almería, se han incorporado más de 200 plazas en el último año basándose en criterios de necesidad real. De hecho, subrayan que el Ejecutivo autonómico reforzó en 2023 la zona del Levante-Almanzora con 28 plazas adicionales para aliviar las listas de espera, demostrando que la planificación de recursos se realiza allí donde la demanda es verdaderamente urgente.
Finalmente, el Partido Popular de Serón ha exigido al Ayuntamiento que asuma su responsabilidad, adapte el modelo de la residencia a las necesidades asistenciales reales de la provincia —como la atención a discapacidades severas o trastornos de conducta— y actúe contra la empresa adjudicataria si está incumpliendo los plazos de apertura. Asimismo, han solicitado la retirada inmediata de una pancarta instalada en la fachada del consistorio, advirtiendo que podría vulnerar la legislación electoral vigente. Los populares concluyen que no permitirán que una inversión de dos millones de euros de dinero público se convierta en un «monumento a la mala gestión socialista» mientras los vecinos de Serón siguen esperando soluciones.