Piden hasta cuatro años de prisión a los acusados de grabar imágenes de un centro de menores

En concreto, el Ministerio Público interesa para A.G.I., cuatro años y ocho meses de prisión al considerar que fue quien recibió las grabaciones en las que los internos «resultaban reconocibles» y las divulgó entre diversos medios de comunicación para conseguir una «mayor difusión» aunque era conocedor de que los afectados «no habían prestado su consentimiento». Cabe recordar que el acusado, quien estuvo interno en el centro de menores con anterioridad a los hechos, llegó a acusar a los profesionales del centro de supuestos maltrato, para lo que se servía de la plataforma 'Centrosdemenores.es' para denunciar las prácticas de contención mecánica que se emplean en el centro bajo un protocolo. Dicho sistema llegó a ser investigado por la Fiscalía, que inspeccionó las instalaciones sin que se detectaran «anomalías».

Las imágenes fueron recibidas por el acusado a principios de 2015, si bien las grabaciones se corresponden a fechas anteriores según la investigación del Ministerio Público. En este sentido, apunta a que una de ellas fue realizada en julio de 2011 por el entonces trabajador de la empresa Corys Seguridad J.V.O.M., para quien el fiscal pide cuatro años de prisión. El hombre habría grabado a un menor de 17 años mientras estaba siendo sometido a un mecanismo de contención mecánica cuando estaba «encargado de su vigilancia» y «con ánimo de atentar contra su intimidad y su derecho a la propia imagen».

El segundo vídeo habría sido captado en abril de 2014 por los acusados Ma.R.R. y Mi.R.R. «de común acuerdo» y sin el consentimiento del joven de 20 años, que estaba bajo la vigilancia de un tercero. Así, con el «ánimo de vulnerar su intimidad y su derecho a la propia imagen, se acercaron a la habitación en la que se hallaba y lo grabaron con el teléfono móvil». Por estos hechos la Fiscalía pide tres años y medio de prisión para cada uno.

Además de las penas privativas de libertad, el fiscal también interesa una multa de 40 meses a razón de once euros diarios para A.G.I. así como el pago solidario de 4.500 euros para cada uno de los afectados, de forma que la empresa de seguridad deberá hacerse cargo de estas últimas cantidades en caso de que no lo hicieran los acusados.