Un exalcalde de Albox será juzgado por supuestamente adjudicar "a dedo" proyectos por 1,5 millones

El auto de procedimiento abreviado imputa a García Navarro la supuesta comisión de cuatro delitos de prevaricación, cuatro de malversación de caudales públicos y tres de falsedad en documento oficial en relación al proyecto de refuerzo de los muros de contención de avenidas en la Rambla de Albox, la construcción de una EDAR, conducciones de abastecimiento de agua y el espacio escénico del municipio.

El exalcalde socialista dimitió alegando "motivos personales" en febrero de 2013. Su sucesor en el cargo, Rogelio Mena, está cumpliendo actualmente pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público de dos años y medio por denegar a la oposición el acceso a los expedientes de contratación y facturas relativas, entre otras empresas, a 'Alcaina Estudio de Ingeniería', cuyo representante, Francisco S.G., también ha sido procesado en esta causa. Junto a ambos, el juez instructor también propone que vaya a juicio el exsecretario municipal, Jorge P.M.

Tras la investigación en la que se han "puesto de relieve numerosas irregularidades", el magistrado señala que los cuatro expedientes que, según remarca, debieron ser tramitados con arreglo a la ley y con anterioridad a las adjudicaciones, "aparecieron" en el archivo del Ayuntamiento "sin que la Secretaría del mismo ni ninguno de sus técnicos tuviera constancia de los mismos y sin que, y esto es lo determinante, conste resolución del Pleno, Junta de Gobierno o Decreto del Alcalde que adjudique tales contratos".

La resolución detalla que, en el caso del proyecto de refuerzo de muros de contención de avenidas y formación de un nuevo cauce principal para la Rambla de Albox, la secretaria accidental detectó "inexcusables y graves" irregularidades entre las que se destaca, en primer lugar, que se adjudicó el proyecto "prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido" a la mercantil Alcaina Estudios de Ingeniería SL "sin que exista expediente administrativo real ni exista en la Secretaría resolución oficial que adjudique tal proyecto".

Remarca, en esta línea, que para "tapar esa ilegalidad", se "fabricó" por los investigados posteriormente el expediente administrativo, "intentando dar una apariencia de que el procedimiento de adjudicación se había realizado y que era conforme a derecho" al tiempo que recuerda que la mercantil pertenece al yerno de quien entonces era tercer teniente de Alcalde y concejal de Obras Públicas y Servicios del Ayuntamiento albojense, Francisco Pérez Conchillo.

Por el citado proyecto se pagó de las arcas municipales por orden del exalcalde entre los meses de abril de 2008 hasta marzo de 2009 la cantidad total de 374.940 euros, según recoge el auto, que habla de que el proyecto de la Rambla de Albox presenta "irregularidades de tal envergadura que resulta casi imposible que fuera tramitado o informado por la Secretaría del Ayuntamiento, por técnicos o asesores externos".

Alude "por ejemplo" a que se llevó a cabo la contratación del proyecto a través de procedimiento negociado sin publicidad "a pesar de comprometer unos 400.000 euros de las arcas municipales", a que se "prescindió" presuntamente "de informes de fiscalización y crédito, "de lo que se deduce que el expediente pudo ser confeccionado directamente por los investigados", o a que en el pliego de condiciones, se hace referencia a normativa legal que no existía en el momento en el que se "fabricó" el expediente.

El juez instructor añade que, salvo la beneficiaria, todas las mercantiles que "concurrieron" supuestamente al concurso "han negado expresamente que presentaran propuestas para tal proyecto y han afirmado también expresamente que las propuestas que aparecen en el expediente administrativo "son falsas", a lo que habría que sumar que "las supuestas propuestas no dejan de ser simples facturas proforma y que ninguna de ellas cuenta con el sello de entrada del Ayuntamiento".

Por último, subraya la resolución judicial como "lo más determinante" que la empresa Alcaina Estudios de Arquitectura SL "ni siquiera existía cuando supuestamente se realizó con ella el contrato administrativo", lo que lleva al magistrado a concluir que "fue simulado y burdamente falsificado por sus firmantes probablemente para dar cobertura legal a la irregular y arbitraría adjudicación del proyecto que ya se había producido con anterioridad 'a dedo'". Los firmantes son el exalcalde, el exsecretario municipal y el representante de la empresa.

Con respecto al proyecto de la EDAR en el Llano de los Ollares y las conexiones de conducción de la Rambla del Saliente y la Rambla de Oria, el juez señala que "se dan las mismas circunstancias que en el anterior" ya que se adjudicó a esta misma mercantil, a la que se pagó 371.200 euros, "de forma irregular, sin previo procedimiento administrativo, y también, como en el caso anterior, se confeccionó posteriormente un expediente administrativo falso para darle cobertura legal".

En el caso del proyecto de construcción de conducciones principales de abastecimiento de agua, depósito de Las Pocicas y Llano de los Olleres en las Ramblas del Saliente y de Oria, el auto resalta que no consta en la Secretaría del Ayuntamiento "expediente alguno, verdadero o falso, que se refiera a la adjudicación del mismo" pero sí que consta que la mercantil recibió por dicho proyecto por orden de García Navarro la cantidad de 377.600 euros.

El espacio escénico se pagó pero no se ejecutó

En el cuarto de los proyectos bajo sospecha, que se refiere al espacio escénico del municipio, el titular del Juzgado de Instrucción 3 de Huércal-Overa señala las mismas presuntas irregularidades, "siendo también la más destacable que se llevara a cabo la contratación del proyecto a través de un procedimiento negociado sin publicidad a pesar de comprometer unos 350.000 euros de las arcas municipales".

"Igualmente es destacable que en este caso en el expediente ni siquiera conste el contrato administrativo que fue aportado por el arquitecto adjudicatario, hermano también de una exconcejal socialista", señala mientras que indica que, en cuanto a su contenido, "lo que más llama la atención es que no se haga referencia a ningún antecedente administrativo del Ayuntamiento del Albox".

Según ahonda, el citado arquitecto indicó durante la instrucción en sede judicial "que no tenía conocimiento de la existencia del expediente por el que se le adjudicó el proyecto, que no presentó ninguna propuesta y que la oferta que consta en el expediente es falsa".

Por el citado proyecto, cuya obra no consta como ejecutada, se pagó por parte del Ayuntamiento de Albox por orden del Alcalde entre los meses de febrero de 2009 hasta mayo de 2012 la cantidad total de 301.087 euros.

El juez acuerda procesar a José García Navarro como autor de cuatro presuntos delitos de prevaricación administrativa que también atribuye al exsecretario municipal, Jorge P.M. y al administrador de la mercantil beneficiada, Francisco S.G., pero en calidad de cooperadores necesarios.

A los funcionarios públicos les imputa, asimismo, tres supuestos delitos de falsificación en documento público que en el caso del empresario transforma en realizados por un particular. A los tres les achaca, por último, la presunta comisión de cuatro delitos de malversación pública, en concepto de autor en el caso del exregidor y como cooperadores necesarios a los otros dos.