Demolidas dos nuevas viviendas ilegales en término de Cantoria

Fuerzas de la policía nacional vigilaban que todo saliera según lo dictaminado y pese a los vecinos y curiosos que se acercaron, las maquinas llevaron a cabo de manera muy civilizada el derribo de estas dos casas. En este escenario también se encontraban algunos alcaldes populares del Almanzora, solidarios con los vecinos británicos representados por la asociación Abusos Urbanísticos Almanzora NO (AUAN); que agrupa a propietarios, en su mayoría británicos, de viviendas fuera de ordenación en Almería. También encabezando a los ediles, el presidente de la Mancomunidad de Municipios del Valle del Almanzora, Antonio Ramón Salas, leía un comunicado contrario a la demolición de las viviendas en el que responsabiliza a la Junta de Andalucía de las repercusiones económicas y de imagen negativa para la zona y comarca que tendrán estos derribos. Las máquinas iniciaron y terminaron su trabajo dejando un aspecto de desolación en un escenario ya abandonado hace años por sus propietarios, a juzgar por el aspecto de estas viviendas en estado de semi abandono. Los propietarios, dos familias de origen británico, no han percibido la indemnización de alrededor de 789.000 euros fijada en vía judicial y que debe satisfacer como responsable civil el promotor. Recordar que el auto de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Almería desestima el escrito presentado por el abogado de estos ciudadanos extranjeros en el que solicitaba la paralización por «razones humanitarias» y en el que alegaba que sus patrocinados aún no habían recibido la indemnización fijada en vía judicial de más de 789.000 euros al tiempo que describía la situación actual que viven, «sin residencia, viviendo con familiares o de alquiler, y teniendo cuenta que vendieron su patrimonio para venir a España». La resolución, según información de Europa Press del letrado de los perjudicados, Alejandro Navarro, se remite a lo informado por el Ministerio Fiscal, que no considera «procedente la suspensión solicitada» y remarca que el Tribunal Supremo (TS) al resolver en casación el recurso contra la sentencia por la que la Sección Segunda ordenaba el derribo «estudia y resuelve concretamente la ahora petición de la acusación particular». En cuanto a las manifestaciones sobe el derribo de las viviendas en Cantoria, señalar la vertida por la consejera andaluza de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, María Jesús Serrano, en una reciente visita a Almería señaló que no «había otra acción que poder hacer» en referencia a estas dos demoliciones y remarcó que la Junta, quien dio inicio al procedimiento penal, tiene que hacer «cumplir la sentencia, nos guste más o menos». Para AUAN, diversos ayuntamientos también respaldan la reivindicación de que la aplicación de la ley «debería ser conforme a la realidad social» sin que se pueda hacer «una aplicación de la ley sin equidad o abusiva» y declaran que se «debe proteger a los compradores extranjeros y no ahuyentarlos, dado que actualmente estos sufren un desproporcionado rigor urbanístico, aun siendo compradores de buena fe».