La asociación AUAN esperanzada en las palabras de Díaz sobre las viviendas ilegales

Durante el debate del Estado de la Comunidad Andaluza, Díaz prometió dar respuesta «a una situación que afecta a miles de familias y a las que la Administración no puede dar la espalda. Saben ustedes que existe un importante número de edificaciones construidas, la mayoría hace ya mucho tiempo y en suelo no urbanizable, y para las que ha prescrito el plazo para la restitución de la legalidad urbanística. No podemos, en modo alguno, dejar que permanezcan en un limbo de inseguridad jurídica, de manera que mi Gobierno va a proponer a la Cámara una modificación normativa del artículo 185 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía que posibilite la regularización de miles y miles de viviendas». Para Maura Hillen, presidenta de la Asociación, estas palabras representan un paso positivo y una esperanza. «Solo deseamos que el cambio normativo propuesto sea adecuado y se llegue a plasmar en corto plazo en el BOJA», Hillen añade que «por fin, parece que hay consenso no sólo social, sino también político sobre las viviendas ilegales en Andalucía. Los hechos son, que por lo menos existen 300.000 viviendas ilegales en Andalucía y que no se pueden derribar todas estas casas, y que por lo tanto hay que buscarles una solución. No es de recibo ignorar estas viviendas pretendiendo que no existen, pues son miles de viviendas que pueden estar afectando al medio ambiente al no estar reconocidas ni reguladas», argumenta. Según Gerardo Vázquez, asesor jurídico de AUAN, «el cambio normativo puede ser un paso importante. Para coger una frase prestada no será el fin de la problemática, ni el principio del fin, pero sí quizás el fin del principio. AUAN lleva luchando durante muchos años para conseguir un cambio de este tipo, de hecho, incluso antes de que se aprobó lo que se suponía iba a ser el Decreto de regularización, advirtió que éste no daba salida a la mayoría de las viviendas irregulares, dado que estas estaban en parcelaciones. Agradecemos a los políticos y responsables que han acogido esta reivindicación y la han promovido. Como me ha dicho uno de ellos recientemente «los políticos tenemos que ser útiles», y yo sinceramente creo que esta medida, si se logra llevar a cabo correctamente, va a ser beneficiosa no sólo para muchas familias andaluzas, sino también para la seguridad jurídica, la inversión extranjera, y la sociedad en su conjunto».