Cientos de personas piden medidas para no derribar más viviendas

Una vez reunidos todos los convocados y pasadas las doce del mediodía, se daba lectura de diversos manifiestos; el primero por parte de Gerardo Manuel Vázquez Núñez, abogado asesor de AUAN. Vázquez, en nombre de la familia Prior, afectada por un derribo hace cinco años, explicaba la lamentable situación de estos vecinos «que llevan viviendo en su garaje desde que las autoridades demolieron su vivienda hace cinco años, pese a tener licencia de obras y haber actuado de buena fe». El abogado subrayaba que los Prior no han obtenido aún compensación alguna por la revocación de la licencia que les fue otorgada y enfatizaba: «No es sensato tratar así a los inversores extranjeros si se quiere reactivar el mercado inmobiliario español. ¿Quién va a comprar los dos millones de casas en España, sino los extranjeros?».

Vázquez Núñez declaraba que con estas actitudes se logrará deteriorar el Valle del Almanzora dejando barriadas vacías y casas abandonadas y hacía un llamamiento público reclamando soluciones urgentes para cambiar la ley urbanística fundamental andaluza (LOUA) y para evitar que se tire ninguna casa más. Finalmente el letrado solicitaba a la Mancomunidad del Almanzora que promueva una proposición de ley de los ayuntamientos para cambiar la LOUA; un llamamiento al gobierno central para que se estudie cambiar la ley estatal para evitar casos como los de los Prior y promover un grupo de trabajo real con todos los grupos y partidos políticos para proponer soluciones y cambios.

Después de la intervención del abogado, Helen Prior exponía su caso desde que en mayo de 2003 , llegara a España buscando una jubilación tranquila «sin preocupaciones». La vecina británica recordaba sus primeros años como idílicos en España, hasta la llegada de la primera carta «pidiendo la demolición de nuestra casa», apuntaba. Helen Prior y el abogado de la familia, pensaron que en un primer momento esa comunicación de derribo debía ser un error «ya que teníamos todos los papeles en orden». «El día que nuestra casa fue demolida, la misma estaba tasada en 690.000 euros. En cambio, a día de hoy, no se nos ha pagado compensación alguna. Los eternos procedimientos judiciales, nos han dejado en bancarrota», manifestaba ante un público conmovido con su relato.

Más de 45 años trabajando y ahorrando que a esta familia no han servido de nada, sólo para preguntarse «¿Por qué»; ¿Qué bien ha hecho nuestra demolición a Andalucía o a la economía española?», se lamentaba la vecina de Vera.

En nombre de la mancomunidad, su presidente, Antonio Ramón Salas pedía primeramente perdón a esta vecina afectada y ponía el organismo que preside en disposición para intentar paliar el problema de las viviendas irregulares en el Almanzora, cogiendo el testigo lanzado por el abogado de AUAN para que la iniciativa salga adelante. Salas hacía un llamamiento al sentido común y a la unión política y de partidos para emprender juntos la batalla a la derogación del polémico apartado del artículo 185. El presidente de la mancomunidad tachaba de irresponsabilidad que se sigan ejecutando estas órdenes de derribo.