El Ayuntamiento de Cantoria paraliza la demolición de dos viviendas

Por ello, el gobierno local ha ordenado que se paralice el derribo hasta que sean presentados estos documentos y que se incoe un expediente sancionador ... por haber procedido a la demolición de dos de las viviendas sin dicha documentación, "que no sabemos si existe, y si existe, si está bien o mal hecha, para evitar peligros para las personas que trabajan allí". "En el Ayuntamiento queremos que todos cumplan la Ley, desde el primero al último, y más en asuntos de este tipo, que son muy complejos y afectan a la vida de cuatro familias. No se trata de actuar de forma precipitada y rápida, sino tranquila y sosegada, conforme a la Ley", han apuntado desde el Consistorio. La asociación Abusos Urbanísticos Almanzora No (AUAN) denunció el derribo de dos de las casas, e informó de que los otros dos inmuebles cuentan con una orden de demolición con un plazo de 60 días. Los propietarios de estas casas, ubicadas en el paraje de "Las Terreras", son de origen británico, si bien no forman parte de la AUAN, y en estos momentos no residen en las mismas. La AUAN ha identificado a las viviendas afectadas con las a las que el exregidor Llamas concedió autorizaciones para el suministro eléctrico y de agua entre abril del 2004 y mayo del 2006. Llamas ha sido condenado por el Tribunal Supremo a dos años de prisión y 23 meses de inhabilitación para desempeñar un cargo público por los delitos de falsedad en documento público y omisión del deber de perseguir delitos. El Alto Tribunal desestimó el recurso de casación que su defensa había presentado contra un fallo previo de la Audiencia Provincial. En dicha sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, se considera probado que el alcalde conocía las edificaciones realizadas por el promotor Francisco Pedrosa en suelo no urbanizable del paraje de "Las Terreras", y, sin embargo, "no denunció estos hechos ni inició ningún expediente sancionador ni de restauración de la legalidad urbanística". El fallo advertía de que Llamas remitió en septiembre de 2006 a la Policía autonómica "un escrito con el sello oficial del Ayuntamiento y su firma faltando a la verdad" al afirmar que "de los archivos obrantes en la secretaría del Ayuntamiento no se había otorgado certificado alguno con el objeto de la contratación de cualquier tipo de suministros, a sabiendas". Además, recuerda que Llamas "se abstuvo de toda actuación, excepto autorizar el suministro de luz y agua, e incluso llegó a comunicar a la Delegación Provincial desconocer la realidad de los hechos denunciados". Asimismo, el alcalde tendrá que pagar una multa "de cinco meses con una cuota diaria de 10 euros e inhabilitación especial para cargo público por tiempo de un año y seis meses y por el segundo de los delitos", según la sentencia.