Aplazan a febrero el juicio al exalcalde de Zurgena y edil de Obras Públicas por las 14 viviendas en no urbanizable

La acusación considera que el residencial en el paraje de Los Llanos del Peral se autorizó por la corporación local zurgenera, con el voto favorable de los cargos públicos acusados, en una sesión plenaria celebrada el 30 de abril de 2005 y que el acuerdo se alcanzó con un informe técnico previo elaborado por Berbel, quien los emitió "a sabiendas de su injusticia". "Todos tenían conocimiento de que conforme a la legislación vigente las viviendas proyectadas estaban situadas en suelo no urbanizable", concluye.

Fuentes judiciales han precisado que la modificación del escrito podría deberse a un acuerdo de conformidad entre la Fiscalía y el acusado, quien, inmerso en varios procedimientos penales por viviendas construidas fuera de ordenación, reconocería los hechos que se le imputan. La conformidad no se habría podido formalizar al no celebrarse la vista oral.

Escrito de acusación

El exalcalde zurgenero y actual edil de Obras Públicas se enfrenta en esta causa, cuya celebración ya fue suspendida hace más de un año y medio, a una petición fiscal de ocho meses de prisión y siete años de inhabilitación por un presunto delito de prevaricación.

Se trata de la segunda vista oral que sienta en el banquillo al exregidor andalucista, quien fue absuelto en diciembre por el Juzgado de lo Penal número 4 en una sentencia que ha sido recurrida por la Fiscalía y en la que la jueza consideró que no se había acreditado en juicio el carácter no urbanizable del suelo sobre el que autorizó la construcción de otras cinco viviendas, en el paraje de El Cucador.

El Ministerio Público acusa además a los exediles Manuel Tijeras, Emilia Jiménez, Aniceto López, Josefa Sánchez García, Miguel Marín Ramos, Juan Morales y José Juan Sánchez, al arquitecto municipal Carlos Domingo Berbel y a los tres responsables de promover la obra, los constructores Félix Nogera y Teodoro Trabalón, así como el director técnico, Pedro García Alfonso.

A ellos, como administradores de las empresas Tisan Sureste SL y Tragarcía S.L., y al encargado de supervisar el proyecto, les imputa la presunta comisión de un delito contra la ordenación del territorio, por el que interesa dos años de prisión e inhabilitación para el ejercicio de profesión o empleo relacionado con la construcción, además de una multa de 24 meses a razón de 20 euros al día.

Según el relato de los hechos que se recoge el escrito de acusación, ambas empresas promovieron y construyeron bajo la dirección técnica de Pedro García, quien realizó el proyecto "con conocimiento de que no era autorizables", un total de 14 viviendas unifamiliares en el paraje conocido como 'Los Llanos del Peral' sobre suelo no urbanizable y lo hicieron con autorización de la corporación local.

El acusado Félix Nogera celebró un contrato de permuta con los propietarios del terreno a cabo de cuatro de los inmuebles levantado aunque no llegó a transmitir la propiedad de ninguna de las viviendas edificadas, para las que el Ministerio Público interesa el derribo con cargo de los costes al administrador de Tisan Sureste SL.