Absuelto de prevaricación el exalcalde de Zurgena (PA) y actual edil de Obras Públicas

La jueza indica en la sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, que resulta "cuando menos controvertida" la calificación del suelo y hace referencia a las discrepancias de las testificales en sala de los técnicos de la Junta de Andalucía y del exdelegado provincial de Vivienda y Ordenación del Territorio Luis Caparrós, que "reconoció que la propia Consejería había promovido la construcción de viviendas en el núcleo de La Alfoquía".

Por contra, los citados técnicos autonómicos aseguraron que, ante la inexistencia de una norma de planeamiento en Zurgena que "expresamente delimite y declare urbanizable" el suelo conocido como 'El Cucador', estas parcelas "debían ser consideradas no urbanizables", una opinión que, según subraya el fallo, "no es compartida por los expertos en la materia", en alusión a los peritos de la defensa que comparecieron en la vista oral, ni por resoluciones dictadas en la vía contencioso-administrativa.

Así, recoge en los fundamentos de derecho la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 2 de Almería de fecha 14 de noviembre de 2011, aportada por los letrados de los acusados, en la que, en un supuesto "análogo" al enjuiciado aunque en este caso en el municipio de Sorbas, se consideran "conformes a derecho" las licencias municipales concedidas para la construcción de viviendas en el municipio sorbeño de La Mela.

Subraya la magistrada Marta Inés Sierra que, durante el acto de juicio, "no ha sido discutido" que las parcelas objeto del procedimiento "se encuentran en el núcleo urbano" de 'El Cucador' ni que estas cuentan con los servicios urbanísticos básicos como acceso rodado por vía urbana, agua, saneamiento y suministro eléctrico, por lo que, según marca la Ley 7/02 de ordenación urbanística de Andalucía, "cumplen los requisitos para tener la consideración de suelo urbano".

"ALEGACIONES INACEPTABLES"

A la vista de estas premisas, concluye que la "posibilidad de considerar urbanizable dicha porción de terreno ha de considerarse, cuando menos controvertida, lo que excluye el cabal conocimiento de su carácter no urbanizable que el Ministerio Público atribuye a los acusados". "Los hechos no son constitutivos, por tanto, de infracción criminal, por lo que ninguna responsabilidad penal cabe derivar de los mismos para los acusados", añade.

El fallo, contra el que cabe recurso de apelación, reprocha, no obstante, al exalcalde y concejal de Obras Públicas Cándido Trabalón, al exedil de Urbanismo Manuel Tijeras y a los exmiembros de la corporación local zurgenera Emilia Jesús Jiménez, José Antonio Ramos, Juan Morales Díaz, Aniceto López, Miguel Marín y Manuel Tijeras que alegasen en su defensa que "desconocimiento de la normativa urbanística aplicable", lo que califica de "inaceptable".

En su descargo, apunta el hecho de que la "propia Junta de Andalucía" ha promovido la construcción de viviendas en el núcleo urbano de 'La Alfoquía', "contemplado como tal al igual que 'El Cucador' en las Normas Subsidiarias (NNSS) Provinciales", así como el que las discrepancias entre el Ayuntamiento zurgenero y la administración autonómica respecto a la interpretación de la normativa aplicable en estos casos está aun pendiente de resolver en diversos procedimientos contenciosos-administrativos.

"Esto determina que la actuación de los integrantes de la corporación local no pueda estimarse revestida del dolo específico de haber actuado a sabiendas de su injusticia que requiere el tipo penal de prevaricación y lleva a desvirtuar el sustrato fáctico sobre el que se fundamenta la pretensión de condena de la Fiscalía, que no es otro que el de que otorgaron las licencias con conocimiento de su no acomodación a derecho", apuntilla.

Trabalón y Tijeras son dos de los 24 detenidos y posteriormente acusados en la denominada 'Operación Costurero' contra la corrupción urbanística y contra los que se abrió procedimiento abreviado por presuntos delitos de prevaricación, contra ordenación del territorio, cohecho y falsedad documental en abril de 2009. Además, ambos están inmersos, junto a otros exmiembros de la corporación local, en otra decena de procesos penales por presunta prevaricación.