El juicio contra el exalcalde de Cantoria por la compra del Palacio de Almanzora será el 7 de julio

La Fiscalía de Almería y el Ayuntamiento de Cantoria solicitan para el exregidor 'popular' penas de entre cuatro y seis años de prisión, así como entre 17 y 20 años de inhabilitación para cargo o empleo público a raíz de estos hechos. También se le reclama el pago de una indemnización de 40.400 euros.

Los hechos se remontan a diciembre de 2009, cuando Llamas supuestamente suscribió un contrato privado de compraventa con un particular para la compra por parte del Ayuntamiento de una parte del Palacio de Almanzora por un importe total de 360.000 euros a través de una operación que se habría llevado a cabo «sin cumplir con los trámites legalmente previstos».

Sostienen las acusaciones que la decisión fue adoptada sin expediente de contratación, sin informes técnicos, jurídicos ni económicos preceptivos y sin dotación presupuestaria habilitante.

En ese contexto, entre los años 2011 y 2012, el Consistorio llegó a abonar un total de 40.400 euros mediante pagos fraccionados con cargo a fondos públicos. En concreto, los pagos se realizaron el 1 de marzo de 2011 por importe de 25.000 euros; el 14 de octubre de 2011 por 1.100 euros; el 15 de diciembre de 2011 por 3.300 euros; el 6 de febrero de 2012 por 2.200 euros; y el 16 de noviembre de 2012 por 8.800 euros.

Los informes incorporados a la causa reflejan que tanto la Secretaría como la Intervención municipal emitieron «constantes reparos» donde alertaban de la ilegalidad de los pagos y de la improcedencia de asumir intereses derivados del contrato privado, reparos que habrían sido rechazados mediante resoluciones de la Alcaldía.

Según la acusación, dichas resoluciones no fueron elevadas al Pleno municipal, pese a la obligación legal de hacerlo, lo que habría impedido «deliberadamente» el control por parte de los órganos colegiados del Ayuntamiento.

Para el Ministerio Fiscal, los hechos son constitutivos de un delito de prevaricación administrativa y otro de malversación de caudales públicos, mientras que la acusación particular subraya el perjuicio económico causado a las arcas municipales.

En el juicio se prevé la práctica de las pruebas propuestas por las partes, entre ellas el interrogatorio del acusado, la declaración de testigos -incluidos el exsecretario municipal, el vendedor del inmueble y agentes de la Guardia Civil- y la ratificación de los informes policiales y documentales incorporados a la causa.