La familia del joven que murió en centro de menores de Tierras de Oria pide prisión para los vigilantes y el coordinador

La representación letrada de la familia, ejercida por el abogado Ángel Gómez, ha presentado su escrito de acusación después de que el Juzgado de Instrucción Único de Purchena resolviera la apertura de juicio oral en el marco de un procedimiento que llegó a archivarse en dos ocasiones pero que finalmente contará con una vista oral en la Ciudad de la Justicia.

La acusación particular responsabiliza a los vigilantes y al coordinador del centro de la muerte del joven, ya que todos ellos eran «garantes de la vida de Illiass», de manera que durante la sujeción mecánica a la que fue sometido «podían percibir en todo momento» que estaban poniendo su vida «en peligro».

«Una persona con la cabeza contra la almohada y con varias personas que no vigilan que pueda respirar, unido a la situación de estrés y a la medicación encontrada en el organismo del menor, sin olvidar que la mecánica de la respiración se veía impedida por encontrase una persona corpulenta sobre él, implica, cuanto menos, la realidad de una imprudencia grave con resultado de muerte imputable a los acusados», expone en su escrito, consultado por Europa Press.

En esta línea, y en base al vídeo sobre el que ha pivotado la principal evidencia de cómo se procedió a la sujeción del joven, la acusación sostiene que los cuatro acusados «actuaban directamente sobre el cuerpo» de Illias, por lo que «pudieron ver que las vías respiratorias estaban taponadas contra la almohada», lo que «impedía la mecánica respiratoria mediante el peso de uno de los vigilantes», al que citan directamente.

«Lejos de lo manifestado por el médico forense, sí que hay una acción violenta sobre el menor, dado que, sin perjuicio de que fuera realmente necesario o no la aplicación del protocolo en cuanto a la contención mecánica, lo cierto es que Iliass en todo momento se encuentra con la cabeza contra la almohada, sin que las personas que debían de velar por la seguridad en la aplicación de la contención, observen, cuanto menos, las medidas mínimas exigibles como lo era el evitar la obstrucción de las vías respiratorias, que propició la aspiración agónica evidenciada», sostiene la familia.

Del mismo modo, rechazan que existiera una «resistencia» o «forcejeo» por parte de la víctima que obligara a acostarlo boca abajo sobre la camilla pese a las declaraciones que figuran al respecto, las cuales «quedan desmentidas por las imágenes grabadas» que constan en las actuaciones.

Para la acusación, la contención mecánica boca abajo, a tenor de las imágenes, era «completamente innecesaria» al «no haber ni en la entrada en la sala ni durante la contención ninguna resistencia y forcejeo por parte de Iliass».

De igual modo, descartan la prescripción médica para dicha contención boca abajo debido a que, «según consta en las declaraciones de los investigados y testigos, la doctora no había llegado aún al tener el turno de tarde y la enfermera no estaba presente», lo que, según sostiene, motivó que se realizara «previa autorización concedida por el director del centro vía telefónica».

La sujeción mecánica «prolongada» del menor se realizó en la zona residencial de especiales características de seguridad «por los cuatro acusados» con sujeciones textiles homologadas facultativamente, en las extremidades superiores e inferiores y en la zona abdominal, quitándole a la víctima los grilletes y quedando «inmovilizado» boca abajo «con las vías respiratorias obstruidas, así como impedida la mecánica de respiración».

La medicación es «relevante»

La acusación también apunta que, tanto la medicación que tomaba el joven como la hora a la que la ingirió el día del deceso, «son extremadamente relevantes» para la determinación de la aplicación del protocolo de contención «de manera correcta» ya que, según observan, la inmovilización se efectuó sin tener en cuenta estos aspectos.

Así, inciden en que no se ha aclarado «cuántas ingestas de la medicación realizó Iliass» el día de su fallecimiento; un dato que es «importante» porque dicha medicación «al actuar sobre el ritmo cardíaco, fue uno de los factores de influencia en la parada» que sufrió.

«¿Nadie tenía conocimiento de que tras la ingesta de medicación someterle a una contención decúbito prono sería contraproducente?», se cuestiona la acusación ante el procedimiento que se llevó a cabo para la inmovilización del joven con una «fuerza desmedida y boca abajo», todo ello «sin la presencia de ningún personal sanitario».

La familia, que también señala como posibles responsables civiles a la empresa de seguridad de los acusados y la entidad encargada de gestionar el centro, ha estado asistida por Movimiento contra la intolerancia.

Según han expresado en un comunicado, poco tiempo tras la muerte del joven, se desplazaron a Madrid para pedir apoyo de cara a llevar a término el juicio, dado que las actuaciones llegaron a archivarse en dos ocasiones, siendo reabiertas una tercera vez para su investigación como un delito de carácter leve, lo que llevó al letrado de la asociación a recurrir este aspecto para poder acusar, conforme consideran, ante un delito de homicidio por imprudencia grave.