El exalcalde de Cantoria, a juicio por la presunta compra irregular del Palacio de Almanzora

El procedimiento, que se tramita como procedimiento abreviado tras la reapertura de las diligencias, se centra, tal y como abundan desde el despecho de abogados, en la firma de un contrato privado de compraventa suscrito en diciembre de 2009 para la adquisición de parte del inmueble por un importe total de 360.000 euros; una operación que, según las acusaciones, «se llevó a cabo al margen de cualquier procedimiento administrativo y sin los informes técnicos, jurídicos ni económicos preceptivos».

De acuerdo con los hechos recogidos en el escrito de acusación del abogado Javier Salvador, de Aránguez Abogados Almería, en representación del Ayuntamiento de Cantoria, «la decisión habría sido adoptada de forma unilateral por el entonces alcalde, sin expediente de contratación, sin dotación presupuestaria habilitante y pese a las advertencias formuladas por los órganos de control municipal». En ese contexto, el Ayuntamiento «llegó a abonar entre los años 2011 y 2012 un total de 40.400 euros con cargo a fondos públicos, mediante pagos fraccionados que no contaban con cobertura legal ni fiscalización previa».

Los informes incorporados a la causa reflejan que «tanto la Secretaría como la Intervención municipal emitieron sucesivos reparos alertando de la ilegalidad de los pagos y de la improcedencia de asumir intereses derivados del contrato, reparos que habrían sido expresamente rechazados por resoluciones de la Alcaldía sin que se diera cuenta al pleno municipal», tal y como relata la nota enviada a los medios.

La acusación sostiene que, además del perjuicio económico causado a las arcas municipales, la actuación investigada habría impedido deliberadamente el control por parte de los órganos colegiados del Ayuntamiento, al omitirse la elevación de los reparos al pleno pese a la obligación legal de hacerlo.

Por estos hechos, tanto el Ministerio Fiscal como la acusación particular atribuyen al exregidor un delito de prevaricación administrativa y un delito de malversación de caudales públicos. La Fiscalía también solicita penas de prisión, inhabilitación para cargo público y el reintegro de las cantidades abonadas.

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Huércal-Overa, Plaza número 3, acordó la apertura de juicio oral tras descartar la prescripción de los hechos, en línea con lo resuelto previamente por la Audiencia Provincial, que revocó el archivo inicial de la causa.

El enjuiciamiento corresponderá a la Sala de lo Penal de la Audiencia Provincial de Almería, ante la que se practicarán las pruebas propuestas por las partes, entre ellas, el interrogatorio del acusado, la declaración de testigos y la ratificación de informes policiales y documentales.