El Consorcio de Basuras del Almanzora culpa al Gobierno de la subida de la tasa

Antonio Martínez Pascual, presidente del Consorcio Almanzora- Levante-Vélez, organismo que gestiona en 45 municipios de estas tres comarcas el servicio de recogida de basura, ha respondido a los alcaldes del PSOE por sus quejas ante el «tarifazo» impuesto, indicaron, por la mayoría popular en el Consorcio. «Pretenden sacar tajada política de una subida impuesta por el gobierno de Pedro Sánchez», ha afeado Martínez. «Lo que dicen los representantes socialistas en el consorcio es cierto, va a haber una subida del 30 por ciento. Pero lo que no dicen es que es una subida impuesta por el gobierno de la nación, luego de promulgar la Ley 7/2022, hace algo más de un año, bajo la presidencia de Pedro Sánchez«.

Ante la «mala fe», indicó Martínez Pascual, «con la que obran los representantes del PSOE en el consorcio, quiero explicar de manera clara, de dónde proviene ese aumento en los recibos».

El regidor olulense ha desgranado que «en primer lugar, la ley dice que el servicio por la recogida de residuos, la tiene que pagar el vecino». Y el precio de la tasa se calcula en función del coste del servicio. «El estudio de costes, realizado por la Universidad de Granada, nos arrojó como dato principal que el coste del servicio en el año 2022 era de 18 millones de euros, pero para cumplir la ley promulgada por el gobierno de Pedro Sánchez en 2024 el coste del servicio de recogida de basura se eleva a 23,5 millones de euros, es decir, 5,5 millones más que en estos momentos», ha resuelto.

Martínez Pascual ha asegurado que «se aprobó un incremento que se hará efectivo el próximo año, producto de la Ley 7/2022 acerca de los residuos y suelos contaminados, ley promulgada por el Gobierno de España el año pasado«. »Esto implica la aplicación de un impuesto sobre algo que ya se paga en el recibo actual, porque incluye el tratamiento, recogida y depósito en vertedero, de aquellos residuos que no se pueden reciclar. Pues bien, la Ley 7/2022 de obligado cumplimiento, nos obliga a pagar 30 euros por tonelada, lo que se traduce en dos millones de euros anuales que se cargan a las arcas del consorcio«, ha añadido.

Asimismo, ha relatado, «la misma ley nos obliga también a una recogida independiente de materia orgánica, que implica la inminente incorporación de los contenedores marrones, acción que tiene un coste anual de un millón y medio de euros». Dicha ley es la trasposición de una directiva europea.

«A esto hay que sumarle el IPC, que como cualquier contrato, actualiza las tarifas. Pues este año, el IPC ronda el 5,7%, producto del aumento del coste de vida de los españoles. Todos sabemos lo que ha aumentado el aceite, el pan o la gasolina, y ese también es un problema del gobierno nacional, incapaz de contener la escalada inflacionaria», ha arremetido el regidor. «Quienes se quejan, deberían preguntarle a Pedro Sánchez porqué la economía marcha tan mal», ha valorado.

«Lo cierto es que la actualización del IPC, implica una subida de otros dos millones de euros. Implantar el contenedor de orgánica, tiene un coste de 500.000 euros. De ahí sale el desfase de los 5,5 millones de euros. No es mala gestión. Quiero recordar que en 2004, los gestores socialistas del consorcio, aplicaron una subida en el recibo, del 172%, por mala gestión, pero sus gestiones sucesivas, nos dejaron un deuda de 24 millones de euros que desde mi llegada en 2011, hemos logrado bajar a cero», ha afirmado.

«El consorcio no se gestiona en función del color político», ha ampliado, «se trabaja para facilitar la vida de los vecinos». «Las declaraciones de los representantes del PSOE, faltan a la verdad, porque además, esta misma subida la tienen que afrontar los demás consorcios del país. No es cosa de 45 alcaldes de pueblo que se les ocurre aumentar recibos; es cosa de la ambición sin límites de personajes capaces de cualquier cosa, con tal de seguir en el poder», ha concluido.

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