La alcaldesa de Cantoria defiende que se le «ocultó» la orden de demoler 15 viviendas para regularizarlas

En un comunicado, la primer edil ha señalado que el propio Ayuntamiento de Cantoria denunció este extremo ante la Fiscalía, si bien el supuesto delito por falsedad documental estaría ya «prescrito». En este sentido, apunta la responsabilidad del «principal encausado» a la hora de iniciar el expediente administrativo con el que poder regularizar y, posteriormente, vender las viviendas.

Sánchez ha reaccionado así después de que la juez instructora de la Sala Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia 3 de Huércal-Overa dispusiera continuar por procedimiento abreviado la causa en la que investiga un presunto delito de prevaricación administrativa contra la alcaldesa, el secretario municipal, un técnico, el concejal Ramón López y el empresario, así como otros dos de tráfico de influencias en relación a estos dos últimos y tres delitos más de estafa que atribuye al empresario por la venta de las casas.

«Jamás hemos realizado ningún trámite administrativo conociendo que existiese una orden de esta naturaleza», ha dicho la regidora, quien ha defendido que la sentencia que declaraba ilegal las viviendas «no fue comunicada al Pleno, como es preceptivo» al tiempo que tampoco «consta en ningún acta» puesto que «no hubo personación legal del Ayuntamiento en la causa y nunca formó parte de expediente urbanístico alguno».

El auto judicial, que es «recurrible» y ante el cual la alcaldesa ha mostrado su «respeto», apunta no obstante que la sentencia del Juzgado de lo Penal 1 de Almería remitió oficio con testimonio de la sentencia al Ayuntamiento de Cantoria el 2 de junio de 2010 --aún bajo mandato del PP-- «a fin de que procediera a la demolición de las viviendas a costa del condenado».

La primer edil ha lamentado la interpretación realizada por la juez de unos hechos «denunciados por el PP» pese a que en 2006 --cuando se inició la investigación por las viviendas-- «el alcalde era Pedro Llamas» y «el secretario era otro distinto al actual». «Ninguno de ellos elevaron a pleno tal decisión judicial», ha remarcado ante un proceso de regularización auspiciado por el empresario y que se inició ocho años más tarde.

También ha recordado que los denunciantes en esta causa «son concejales del PP, gobernantes durante la construcción de las viviendas ilegales señaladas y en el momento de dictarse sentencia, incluso uno de ellos, agente del Seprona mientras se construyeron más de 1.000 viviendas ilegales en el término municipal», según ha añadido.

En cualquier caso, la regidora ha afirmado de manera «tajante» que «Cantoria no ha legalizado ninguna vivienda sobre la que existiese una orden de demolición» y «en todo caso, será en el momento del juicio oral cuando deban demostrarse las acusaciones» que pesan contra ella y el personal municipal, según ha recordado.