El alcalde de Fines, a juicio por prevaricación urbanística
La Fiscalía solicita tres años de cárcel para Rodrigo Sánchez y su responsable de Urbanismo por «autorizar verbalmente» obras en el municipio «con pleno conocimiento» de que eran ilegales
El alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez, se sentará la próxima semana en el banquillo de los acusados como presunto autor de un delito continuado de ... prevaricación urbanística, del que también acusa la Fiscalía al concejal responsable de Urbanismo en la localidad en los años 2013 y 2014, cuando se habrían producido los hechos por los que se enfrentan a penas de tres años de prisión.
De acuerdo a la calificación provisional de la Fiscalía, Sánchez y el edil de Urbanismo, «autorizaron verbalmente» diversas obras en el término municipal pese a tener «pleno conocimiento de la ilegalidad» de las mismas. De hecho, los responsables de estas actuaciones también están encausados y solicita el Ministerio Público para cada uno de ellos dos años de cárcel por delitos contra la ordenación del territorio.
Según describe el fiscal David Calvo, los hechos se remiten al verano de 2014, cuando agentes del Seprona de la Guardia Civil detectaron diferentes actuaciones irregulares en Fines. La primera inspección a la que hace referencia la Fiscalía data del 25 de junio del mencionado año, cuando se determinó que se estaba levantando una obra «completamente nueva» tras demoler un inmueble para el que se había solicitado una rehabilitación. «Los acusados llevaron a cabo la obra a sabiendas de que se asentaban sobre suelo no urbanizable de carácter natural o rural, de que se estaba burlando el contenido de la licencia y de que no eran autorizables las mismas», considera el representante del Ministerio Público.
Un día después, se interpuso una denuncia contra otro de los acusados, en este caso, por haber realizado «casi de forma completa unas obras que se excedían ampliamente» de las indicadas en la solicitud de licencia municipal para «adecentamiento de vallado», todavía sin resolver. De hecho, según el informe, se trata de obras que «no son autorizables».
El tercer caso que refiere el escrito fiscal sitúa la inspección del Seprona el 1 de julio del mismo año. En este caso, el acusado se encontraba realizando obras de «cambio de tejado y renovación de interiores» en un inmueble, «a sabiendas de que estaba situado en suelo no urbanizable de especial protección». En este caso, el acusado «no había solicitado formalmente licencia» para la actuación, que en todo caso, no era autorizable, según el mismo escrito.
Concluye el representante de la Fiscalía que tanto el alcalde como el concejal de Urbanismo habían autorizado «verbalmente» las dos últimas actuaciones mientas que en el caso de la rehabilitación, apunta el fiscal que «omitieron toda inspección a sabiendas de que se estaba construyendo fuera de licencia».
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