Admitida a trámite una querella criminal del PP de Cantoria contra la alcaldesa y el concejal de Urbanismo

En dicha querella se especifica que las viviendas se construyeron en suelo no urbanizable, sin licencia municipal alguna que ampare las citadas edificaciones, siendo las mismas no autorizables. A pesar de ello, los querellados, en lugar de acatar la sentencia de la Audiencia Provincial de Almeria y del Juzgado de lo Penal de Almería (en ejecución de sentencia), tramaron presuntamente un plan para «legalizar» dichas viviendas, obviando ambas sentencias, y consiguiendo con ello otorgar los correspondientes expedientes Asimilado Fuera de Ordenación (AFO), para que las mismas pudieran ser inscritas en el Registro de la Propiedad de Huércal-Overa y posteriormente venderlas a terceros de buena fe, casi todos ellos ciudadanos europeos, presuntamente estafados, como finalmente ocurrió.

Los populares de Cantoria lamentan que el municipio se vea envuelto de nuevo en una situación tan turbia por culpa del equipo de gobierno y explican que a pesar de existir un informe de secretaría y un informe técnico municipal en los que se especifica que sobre dicha edificación existía denuncia del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, Seprona, y una ejecución de Sentencia por el Juzgado de lo Penal de Almería, todo ello comunicado al Ayuntamiento de Cantoria, ellos actuaron por su cuenta desoyendo los requerimientos judiciales de la Audiencia Provincial de Almería y del Juzgado de lo Penal.

Es más, muchas de las viviendas han sido inscritas en el Registro de la Propiedad de Huércal-Overa presuntamente gracias a la complicidad del Ayuntamiento de Cantoria, sin que en ningún momento dejaran constancia de la orden judicial de demolición de las viviendas, como hubiera sido lo correcto para proteger a posibles compradores y futuros vecinos de nuestro pueblo que desconocían dicha sentencia penal.

Los populares afirman que los querellados han actuado «sin escrúpulos» y «a sabiendas de que estaban cometiendo una ilegalidad», una situación que ahora perjudica directamente a los compradores y vecinos que adquirieron y pagaron de buena fe unas viviendas ubicadas en Cantoria, ignorando la sentencia judicial que pesa sobre ellas, al haberles sido ocultada en todo momento.

Desde el PP consideran «indignante» la actuación de estos servidores públicos que «lo único que buscan es presuntamente servirse a sí mismos, sin importarles el futuro de aquellas familias que adquirieron sus viviendas con gran ilusión y esfuerzo, habiendo sido engañados, gastando los ahorros de toda una vida y arrojándoles a un futuro incierto por su situación legal».