La Junta tacha de "impecable" la labor del IES de Olula

En declaraciones a Europa Press, la delegada ha defendido los protocolos "pioneros a nivel nacional" que se han seguido en este caso, para el que ha pedido "no juzgar a priori". Así, ha explicado que se han adoptado decisiones "que tienen que ver con ayudar a la situación del menor" para que esté "normalizado" así como otro tipo de medidas de tipo "correctivo" y que "afecta a otros menores", si bien ha declinado especificar el proceso para "evitar una doble victimización" y "estigmatizar a los implicados".

La delegada ha manifestado que los "incidentes" que se produjeron a finales de septiembre, se dieron "con menores que no tenían que ver" con la agresión física que la víctima sufrió "fuera del centro escolar" el pasado mes de febrero, de forma que estos permanecían en la misma aula que la víctima, quien los identificó a principio de curso en el IES.

Fernández ha añadido que aunque la primera agresión de febrero tuvo lugar fuera del colegio, el equipo directivo del centro escolar en el que la víctima se hallaba el pasado curso "activó medidas" ante un supuesto caso de acoso en el marco del plan de convivencia y trabajó con el equipo directivo del instituto en el niño acaba de iniciar sus estudios.

"Se ha hecho una labor entre los equipos de los dos centros y la inspección, supervisando y asesorando, con medidas de tipo organizativo para prevenir cualquier situación porque la familia había puesto en conocimiento su preocupación", ha añadido Fernández, quien ha insistido en que el niño "no había tenido ningún problema relacionado con la convivencia" en el anterior centro "en los últimos cuatro años". No obstante, la delegada no ha querido entrar en los motivos por los que el menor había cambiado de centro previamente, puesto que según sus progenitores, sufre acoso desde los ocho años.

Fernández, quien ha argumentado su deber para con la protección de los menores y la "confidencialidad" de sus datos, ha declinado precisar el momento en el que se comunicó la activación de un protocolo por acoso a la familia, ante quienes se plantearán otras medidas "de carácter inmediato" para "garantizar la atención educativa" del menor agredido hasta su vuelta a las aulas.

"Tenemos que tener claro que todos somos responsables y que podemos mejorar las actuaciones actuando con rigor y contundencia, teniendo claro que somos responsables todos y que la colaboración con la familia es fundamental", ha añadido la responsable provincial de Educación.