Los regantes estudian demandar a Acuamed por la parálisis de la desaladora de Palomares

Adrián Baltanás, entonces director general de Acuamed durante la colocación de la primera piedra de la desaladora del Bajo Almanzora.
Adrián Baltanás, entonces director general de Acuamed durante la colocación de la primera piedra de la desaladora del Bajo Almanzora. / J.J.M.
  • La infraestructura, inutilizada por la riada de septiembre de 2012, debía servir a los agricultores al menos 15 hectómetros cúbicos de agua

La desaladora del Bajo Almanzora costó más de 70 millones de euros. Apenas llevaba unos meses funcionando cuando la mañana del 28 de septiembre, una enorme y mortal riada -hubo cuatro fallecidos- la dejó completamente inutilizable. Desde entonces han pasado cuatro años y esta megalómana estación para convertir en agua de uso agrícola y humano la salobre del mar sigue sin prestar servicio.

Para su puesta en marcha, los agricultores de las comunidades de regantes del Valle del Almanzora y la Junta Central de Usuarios del Valle del Almanzora se comprometieron a consumir unos 15 hectómetros cúbicos de agua anuales de la producción de la desaladora, el 75% de su capacidad. Incluso, el convenio regulador preveía una penalización a los regantes en el caso de que no llegaran a consumir dicha cifra.

Ahora, compuestos y sin agua, con la sequía soplándoles en el cuello, los regantes son los que reclaman responsabilidades por esta situación. «Lo que queremos es que la arreglen y funcione», aseguraba Javier Serrano, presidente de la Comunidad de Regantes de Pulpí y de la Federación de Regantes de Almería. «No puede ser que se haya gastado tanto dinero y los regantes sigamos sin agua. Es necesario que se arregle, que nos den una solución», alega.

Su problemática la han llevado a todos lados. Al Ministerio de Agricultura, a la Junta de Andalucía... Pero las respuestas no llegan. Esta misma semana, el Gobierno prorrogaba el decreto de sequía que afecta a las cuencas del Júcar y del Segura. Esto permitirá hacer obras de urgencia y que los regantes convenien cambios de uso de agua con comunidades excedentarias. Y de nuevo, los regantes del Almanzora y del Levante -todos menos la escueta franja que forma parte de la Cuenca del Segura al norte de la provincia- se han quedado al margen de las medidas. El viernes, en una reunión celebrada por el colectivo de regantes, se tomaba la decisión de constituir una plataforma estable y convocar movilizaciones contra lo que consideran un agravio comparativo frente a otros agricultores del levante peninsular.

Sin embargo, y mientras tanto, ya se han puesto manos a la obra en otro camino: han encargado un estudio jurídico para sopesar si pueden actuar por la vía judicial y reclamar indemnizaciones ante la carencia de un agua, 15 hectómetros cúbicos, que según tienen firmado con el Gobierno, debían recibir de la desaladora del Bajo Almanzora, la de Palomares. «Hemos encargado un estudio jurídico a un gabinete de Madrid para ver si podemos hacer una reclamación por daños, porque el contrato de Acuamed sigue vigente pero llevamos cuatro años sin agua y sin alternativas», remarca Serrano. «Hemos hablado con el Ministerio al respecto, pero la contestación es que existe un tema judicializado en torno a esa desaladora [el Caso Acuamed, que investiga un desfalco en sobrecostes por la construcción de desaladoras de la empresa pública estatal] y que en tanto que está judicializado no pueden hacer nada», relata. «Pero lo que no se puede es paralizar una obra que tanto dinero ha costado y que los regantes sigamos sin agua. Queremos que la arreglen y que funcione», reiteró.

La desaladora de Palomares fue inaugurada en septiembre de 2011 con una visita de la entonces ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar. La previsión es que, tras una inversión de 75,9 millones de euros -parcialmente originarios de fondos europeos- pudiera producir unos 20 hectómetros cúbicos de agua al año, 15 de los cuales estaban reservados para el regadío en las comarcas del Levante y del Almanzora. Además, para abastecimiento urbano se destinarían otros los otros cinco hectómetros, que se suministrarían a los municipios de Carboneras, Mojácar, Los Gallardos, Turre, Garrucha, Bédar, Vera y Cuevas del Almanzora, aproximadamente el 15% de la población de toda la provincia de Almería.

Sin embargo, la riada de 2012 -el 28 de septiembre- anuló su funcionamiento. Al encontrarse al margen del río, la crecida entró de lleno e inutilizó su carísimo instrumental. Desde entonces, el Gobierno ha venido asegurando públicamente que estaba en vías de dotar de presupuesto un arreglo que, sin embargo, a día de hoy aún no ha llegado.

La propia desaladora volvió a convertirse en noticia después por ser una de las que detonó la investigación del Caso Acuamed, que investiga la generación de sobrecostes en estas obras públicas y el destino de este dinero. En la operación «Frontino», desarrollada por la UCO de la Guardia Civil en enero de este año en cuatro provincias españolas (Valencia, Alicante, Madrid y Murcia) se detuvo a 13 personas. Entre ellos, el delegado territorial de la sociedad estatal en Murcia y Almería.

En el auto en el que el juez Eloy Velasco -de la Audiencia Nacional- mandó a la cárcel a los cinco máximos responsables de la presunta trama corrupta de Acuamed, el magistrado apuntaba a que algunos de los amaños y sobrecostes más importantes de esta red se «pactaron desde muy alto nivel en el Ministerio» de Agricultura. Es más, que hubo «compensaciones indebidas» acordadas entre constructoras y «cargos de alto nivel» de ese departamento.

Ese multimillonario desfalco habría nacido, según la investigación, a raíz de la inundación que dejó inservible la desaladora del Bajo Almanzora, construida por FCC y Abengoa. Según el contrato, ambas empresas -y sus seguros- debían encargarse de la reparación de las instalaciones. Pero Arcadio Mateo, director general de Acuamed, «en contra de lo que decía el contrato y la legalidad», habría acordado con FCC que la empresa pública pagaría el 40% de los costes, mientras que el otro 60% lo pagaría la UTE que, a cambio, «recibiría compensaciones indebidas» por valor de 40 millones de euros.

La investigación judicial en torno a la empresa pública continúa abierta. Pero la desaladora, en cambio, sigue cerrada a cal y canto. Y los regantes... sin 'su' agua.